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“La formación es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a empoderar”  (Mg. Antonia Heredia)

El 1 de julio de cada año se celebra el Día Nacional del Archivista Salvadoreño, esta fecha fue definida en el año de 1974 mediante un Decreto de la Asamblea Legislativa (Decreto No.7 D.O. No. 120, Tomo No. 243, 28 de junio de 1974), bajo el argumento que era necesario reconocer el trabajo que realiza este gremio y que, además, la Asociación General de Archivistas (ahora extinta) ya venía celebrando la función archivística desde 1960. En ese sentido, en este mes estamos celebrando 48 años de reconocimiento a esta loable función. Y para ello, universidades e instituciones públicas y privadas realizan foros, publicaciones y diversos eventos que buscan reconocer el trabajo que realizan los encargados de la organización de los archivos. No obstante, el público al que se dirigen todas estas actividades se distribuye mayormente entre: archivistas de instituciones públicas del gobierno central (incluyendo los 3 Órganos Fundamentales, Autónomas, dependencias del Órgano Ejecutivo y Ministerio Público), estudiantes universitarios (Biblioteconomía, Historia y carreras afines) y personas interesadas en potenciar el valor del trabajo de los archivistas.

Lo anterior, denota la importancia, empoderamiento y dignificación que la función archivística ha tenido en los últimos años, sin embargo, cabe preguntarnos ¿Este avance ha sido consistente en las municipalidades? ¿Cuáles son los paradigmas que se deben romper para que exista un amplio reconocimiento a la función archivística en el ámbito municipal? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los archivistas al interior de sus municipalidades? Para responder lo anterior, es necesario recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) estableció un cambio radical sobre la manera de organizar la información en la administración pública, puesto que obliga a todas las instituciones de gobierno (incluyendo municipalidades) a que nombren un funcionario para la coordinación del sistema institucional de archivos.

Para inicios del presente año, de los 104 entes obligados registrados en gobierno central, el 96% ha nombrado un Oficial de Gestión Documental y Archivos. A nivel municipal, la realidad es muy diferente, puesto que, de las 262 municipalidades, sólo el 46% ha nombrado al funcionario en cuestión. Existen muchas razones detrás de esta disparidad de porcentajes, sin embargo, el fundamento de estas radica en concepciones erróneas sobre la importancia de los archivos y de la función de los archivistas en la municipalidad. “La bodega de documentos”, “el personal castigado…al archivo” “los documentos se archivan cuando se termina su vigencia”, “digitalicen todo para poder destruir los documentos”, son algunos ejemplos de los paradigmas que deben enfrentar día a día los Oficiales GDA en sus municipalidades.

Desde el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han emitido Lineamientos técnicos que buscan erradicar esos paradigmas, a través de la implementación y funcionamiento de sistemas de gestión de documentos; esta normativa, además de ser de obligatorio cumplimiento para las municipalidades, constituye un verdadero desafío de aplicación, puesto que demanda de los archivistas, competencias específicas para poder coordinar dichos sistemas de información.

En ese sentido, el primer gran reto de los archivistas consiste en dignificar su función en la municipalidad, a efecto que se pueda reconocer el valor que tienen los archivos y las personas que trabajan en ellos, esto será posible en la medida que los Concejos Municipales adopten estrategias como mejorar sus archivos centrales y aprobar normativas de gestión documental. En segundo lugar, radica la profesionalización y mejora continua de las funciones; si bien es cierto que la comunidad archivística ha aumentado significativamente en los últimos años, aún no se posee una carrera universitaria (certificada por el MINEDUCYT) específica para los archivistas, por lo que la investigación, formación continua y actualización de contenidos deben ser actividades periódicas en el gremio archivista.

En tercer lugar, la implementación de metodologías que permitan el manejo y tratamiento adecuado de los riesgos documentales, a efecto de controlar los factores que hacen vulnerables los archivos ante inundaciones, incendios y el bio-deterioro. Y en cuarto lugar, el uso normado de las TIC’s para la implementación del gobierno electrónico, mediante el uso de firmas digitales, clasificación de datos, preservación digital de acuerdo a los estándares internacionales sobre la materia.

Como archivista, puedo decir con propiedad que nuestro trabajo es transversal en la administración pública, por ello, estamos llamados a ser las autoridades archivísticas en cada una de nuestras instituciones, a romper los paradigmas sobre nuestras funciones y a garantizar la preservación no sólo de la historia institucional sino de la historia de nuestro país. Lo anterior será posible si tenemos las competencias necesarias para nuestra función, “La formación es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a empoderar”, expresó la Maestra Antonia Heredia (reconocida maestra de archivística en Iberoamérica) por lo tanto, no podremos superar los paradigmas y afrontar los retos de nuestra profesión si no tenemos archivistas formados y capacitados.